F-16 para Perú: la tendencia regional que comparten Chile y Argentina en defensa aérea

Perú se encuentra en negociaciones avanzadas para renovar su flota de cazas, en medio de exigencias de transferencia tecnológica, debate político y una coyuntura electoral clave. El proceso refleja la importancia de la integración regional y las implicancias de las alianzas estratégicas en el panorama de defensa sudamericano

La posibilidad de que Perú incorpore los cazas F-16 a su flota militar se ha transformado en un tema estratégico que trasciende fronteras y sintoniza con los movimientos recientes de Chile y Argentina en la región. Si bien aún no existe un anuncio oficial por parte del gobierno peruano sobre la selección definitiva de este modelo de avión, las negociaciones avanzadas y el proceso técnico en curso han instalado el debate sobre un posible alineamiento regional en materia de defensa aérea.

Delegados de Lockheed Martin, la fabricante estadounidense de los F-16 Block 70, han sostenido reuniones en el Ministerio de Defensa de Perú para exponer su propuesta de compensaciones industriales y sociales, en cumplimiento del Programa Offset exigido por las leyes peruanas. Según conoció BioBioChile, la propuesta contempla 12 cazas F-16 Block 70 por 3.420 millones de dólares, aunque la Fuerza Aérea del Perú (FAP) prioriza un escuadrón de 24 unidades por hasta 3.500 millones de dólares.

Estas conversaciones han contado con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y la participación de directivos de Lockheed Martin, entre ellos Shawn Douglas Racz y Jimmy García, además de asesores peruanos como Néstor Huaco Onari. Las reuniones, celebradas entre el 24 y el 26 de marzo en la sede ministerial, han girado en torno a la transferencia tecnológica, la coproducción de componentes y la integración de empresas nacionales, de acuerdo con las directrices del renovado Programa Offset, publicado en febrero de 2026.

El coronel FAP (r) Armando Pomar Galdós, director de Compensaciones Industriales y Sociales, ha liderado el proceso de evaluación de las propuestas, mientras que la presencia de expertos en contrataciones internacionales y gestión contractual evidencia la magnitud y complejidad de la operación, la más importante para Perú en las últimas cuatro décadas en materia militar.

La legislación peruana exige que los contratos de adquisición militar incluyan transferencia tecnológica, participación industrial local y proyectos sociales asociados. Ejemplos recientes, como la compra de fusiles Arad 7 a Israel o blindados White Tiger a Hyundai Rotem, han priorizado el ensamblaje y coproducción en territorio nacional, involucrando a la industria estatal y universidades.

En el caso de los F-16, el contrato final debe garantizar la incorporación progresiva de empresas peruanas en actividades de ensamblaje, mantenimiento y soporte técnico. Además, la compañía adjudicataria debe presentar un proyecto de compensación que contemple el desarrollo de nuevas tecnologías junto a socios nacionales, según la Resolución Ministerial N°00176-2026-DE.

A pesar del avance en las negociaciones, la decisión final aún no ha sido comunicada oficialmente por el gobierno de José María Balcázar. El proceso continúa en evaluación técnica y la Contraloría General de la República mantiene la última palabra. Así lo subrayó el analista político Julio Schiappa en una columna publicada por Nodal: “No hay contrato firmado, el proceso sigue en evaluación técnica y la Contraloría aún tiene la última palabra”.

El debate sobre la compra de los F-16 ha adquirido matices políticos en medio de un año electoral clave para Perú. El presidente interino José María Balcázar generó controversia tras declarar en una entrevista que la decisión de adquirir los F-16 ya estaba tomada, atribuyendo el acuerdo al gobierno anterior de José Jerí. Horas después, el Ejecutivo rectificó, indicando que la adquisición seguía en trámite.

Schiappa cuestionó la legitimidad de que un gobierno de transición tome una decisión de este alcance: “La conclusión es una sola y debe ser firme: el presidente Balcázar no debe decidir absolutamente nada sobre este tema. Un gobierno de transición o de salida no tiene la legitimidad política ni la estabilidad necesaria para hipotecar el futuro de la defensa nacional”.

El analista remarcó que la elección del sistema aéreo definirá las alianzas estratégicas y la autonomía militar del país para las próximas décadas.

El próximo presidente de Perú, que asumirá el 28 de julio de 2026, deberá resolver el futuro de la compra, evaluando