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El hermano de Pedro Sánchez es condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez por su participación en la creación irregular de un cargo público en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia también impone nueve años de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por su participación en los hechos.
El tribunal concluyó que el puesto de "coordinador de las actividades de los conservatorios" fue creado específicamente para David Sánchez y que formó parte de un plan previamente diseñado por altos cargos de la Diputación de Badajoz. Según la resolución judicial, la plaza era innecesaria y carecía de funciones claramente definidas.
Los magistrados sostienen que un total de once acusados participaron en la adopción de decisiones administrativas arbitrarias destinadas a favorecer la contratación del hermano del presidente del Gobierno, vulnerando los principios constitucionales de mérito, capacidad y transparencia en el acceso al empleo público.
La sentencia señala que el cargo fue posteriormente modificado para adaptarse a los intereses profesionales de David Sánchez, pasando a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas y permitiéndole desarrollar actividades relacionadas con producciones operísticas financiadas con fondos públicos.
Asimismo, el tribunal cuestionó la creación de un segundo puesto de alta dirección destinado a Luis Carrero, colaborador cercano de David Sánchez, al considerar que también era innecesario y carecía de funciones específicas.
No obstante, la Audiencia Provincial de Badajoz aclaró que no existen pruebas de que la creación del cargo se realizara por petición expresa de David Sánchez ni que obedeciera a su relación familiar con Pedro Sánchez. Tampoco quedó acreditado que se hubieran ejercido presiones externas sobre los funcionarios responsables del procedimiento administrativo.
La Fiscalía había solicitado la absolución de David Sánchez, mientras que las acusaciones populares pedían penas de prisión de entre tres y seis años.
El caso ha generado una fuerte polémica política en España. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene que el proceso judicial ha sido utilizado con fines políticos por parte de la oposición, mientras que los críticos del Gobierno consideran que la sentencia evidencia graves irregularidades en la gestión de recursos públicos.
