El oficialismo buscará aprobar en el Senado uno de sus proyectos prioritarios antes del receso legislativo, mientras la reforma electoral sigue sin reunir los consensos necesarios
El Senado de Argentina volverá a sesionar el próximo 16 de julio, cuando el oficialismo intentará obtener la media sanción del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno dentro de su paquete de reformas.
La propuesta ya fue debatida en comisiones y sufrió diversas modificaciones relacionadas con el régimen de expropiaciones, las normas sobre desalojos, la regulación de la compra de tierras rurales por extranjeros y las restricciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios. Pese a ello, el Gobierno considera que el texto está en condiciones de ser aprobado sin nuevas modificaciones.
No obstante, La Libertad Avanza continúa negociando con bloques aliados y dialoguistas para garantizar los votos necesarios, ya que algunos senadores mantienen reservas sobre determinados artículos del proyecto.
La sesión también incluirá el tratamiento de 36 pliegos judiciales. Entre ellos destaca la candidatura del magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte para ocupar el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, actualmente vacante. Este tribunal tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici.
Los jefes de bloque ya acordaron convocar una nueva sesión el 6 de agosto, una vez finalizado el receso legislativo, para continuar con otros proyectos pendientes, entre ellos la denominada Ley Hojarasca, la reforma de la Ley de Salud Mental, iniciativas sobre falsas denuncias y diversos tratados internacionales.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados permanece prácticamente paralizada y no tiene previstas sesiones antes del receso invernal. La actividad parlamentaria se reanudará en agosto.
Por su parte, la reforma electoral continúa enfrentando importantes obstáculos políticos. El Gobierno mantiene su intención de avanzar con una reforma política antes de septiembre, aunque los bloques aliados consideran que el proyecto difícilmente pueda prosperar antes de octubre o noviembre.
Entre las propuestas analizadas figura la implementación de listas complementarias para las elecciones de 2027, un mecanismo que tampoco cuenta con el respaldo de sectores del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).